La lucha contra la exclusión social y la pobreza se ha convertido en uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Entendemos por exclusión social la imposibilidad o la incapacidad de ejercer los derechos sociales, fundamentalmente el derecho al trabajo, pero también el derecho a la educación, a la formación, a la cultura, a la salud, a una vivienda digna y a la protección social. El principal factor de riesgo de situaciones de marginación y exclusión social gira en torno al empleo, por lo tanto una de las medidas más claras para combatir la exclusión social es la integración de las personas excluidas en el mercado laboral. En este contexto surgen las empresas de inserción, las cuales son creadas para la inserción sociolaboral de estas personas con grandes dificultades para acceder a un empleo, dedicando para ello una gran parte de sus puestos de trabajo a personas con riesgo de exclusión y cuyo objeto social consiste en lograr su integración en el mercado de trabajo ordinario. Se trata de una relación laboral común pero con ciertas peculiaridades que afectan fundamentalmente a la suspensión y a la extinción del contrato de trabajo.