En la actualidad no existe duda alguna respecto del importante papel que desempeñan las Administraciones públicas en la satisfacción de necesidades colectivas. La rama del poder público a la que antaño sólo se le adjudicara una función de simple ejecución de la ley, hoy por hoy se caracteriza por tener sobre sus hombros un sinnúmero de tareas de naturaleza variada, que para su realización precisan saberes técnicos en diversas áreas del conocimiento como pueden ser el medio ambiente, el urbanismo, la regulación económica, etc. Bajo este contexto, el derecho administrativo ha estado en constante evolución, y ello ha conducido a la adaptación de los diferentes instrumentos que el derecho pone en manos de la autoridad para que cumpla las finalidades que el ordenamiento jurídico le señala, específicamente la satisfacción de los distintos intereses generales consagrados en la Constitución. Por ello, somos testigos de cómo se replantean una y otra vez instituciones como los servicios públicos, la contratación estatal, el acto administrativo, la potestad sancionadora, etc.