Los proyectos de infraestructura pública y los servicios asociados a ella, desarrollados según modelos de asociación público-privada (app), son complejos por naturaleza. Esta deviene de su importancia social, del involucramiento del Gobierno, de los montos de los recursos en juego y de la multiplicidad de partes que intervienen en su implementación, lo cual provoca que no siempre ni todo el tiempo los intereses de dichas partes permanezcan alineados con los objetivos y propósitos del ente público interesado en el desarrollo del Proyecto. La existencia de un sistema de medios para la solución de controversias dentro de los contratos APP es uno de los cinco pilares que los sostienen. Es ampliamente conocida la problemática que presenta acudir a los tribunales del Estado para resolver conflictos –en términos de tiempo, costo e incertidumbre–. Lo anterior ha impulsado, primero, el surgimiento y, después, el fortalecimiento de mecanismos alternativos para la solución de controversias, distintos de los propios de los tribunales del Estado. La multiplicidad de partes hace que no siempre todas ellas estén sujetas a una sola jurisdicción, ni a una ley específica, sino que es común que se hallen inmersas en sistemas normativos complejos, integrados por leyes nacionales y por una multiplicidad de normas y ordenamientos de carácter internacional con cada vez mayor influencia en el derecho local. Este entorno hace indispensable contar con mecanismos adecuados para dirimir controversias, pequeñas o grandes, que mitiguen el riesgo de que el proyecto fracase o se desvíe sustancialmente de las premisas y objetivos que lo justifican. En este documento hemos desarrollado una breve síntesis que trata de abordar los aspectos esenciales que dichos mecanismos deberían cumplir, en general; con especial énfasis en el arbitraje, pero sin soslayar los paneles de expertos, dispute boards, conciliación y mediación.