La irrupción del derecho a la protección de datos de carácter personal en el ámbito de las Administraciones Públicas obliga a éstas a una reforma cualitativa de sus procedimientos y de su actuación. En este sentido, la incidencia que este derecho tiene sobre la Administración Local resulta particularmente intensa por cuanto las competencias que tiene atribuidas y los servicios que obligatoriamente debe prestar la sitúan en una relación directa con los ciudadanos y, en consecuencia, la exigen detentar y tratar numerosos datos de carácter personal de aquellos. Además, la cantidad y calidad de datos que poseen y utilizan las Entidades locales las sitúan en el centro neurálgico de las relaciones interadministrativas que, por dicha causa, entablan con otras Administraciones Públicas, las cuales precisan de esos datos para un eficiente y eficaz ejercicio de sus competencias. Tal es el caso del Padrón Municipal de Habitantes, registro singular del que son titulares los Ayuntamientos y que se sitúa en el epicentro de una variada y compleja red de relaciones entre Administraciones, trascendiendo su funcionalidad estrictamente municipal pero sometiéndose igualmente en su formación, en su tratamiento y en la comunicación y cesión de sus datos a las exigencias derivadas del derecho a la protección de datos de carácter personal.