La COVID-19 comenzó como una emergencia sanitaria, pero está evolucionando rápidamente hacia una crisis del empleo. Todavía existe incertidumbre sobre la gravedad del impacto económico de la pandemia. Sin embargo, el lastre para el empleo en la región podría prolongarse más que la propia pandemia. Más allá del impacto inmediato sobre el nivel de empleo, la crisis está profundizando y acelerando la transformación del empleo, anticipando el futuro. Efecto viral: COVID-19 y la transformación acelerada del empleo en América Latina y el Caribe se enfoca en las tendencias subyacentes que han estado cambiando significativamente el mercado laboral en la región: la desindustrialización prematura, la servicificación de la economía y los cambios en las habilidades requeridas en los empleos a medida que avanza la automatización. Las conclusiones de este informe tienen varias implicancias importantes para la política económica. Algunas de estas implicancias están relacionadas con los desafíos de productividad a los que ya se enfrentaba América Latina y el Caribe después del final de la Década Dorada en 2013. Otras implicancias políticas podrían comenzar a ganar relevancia por la crisis de COVID-19. A medida que los sectores se ven afectados de diferentes maneras y el trabajo a distancia se vuelve más común, los Gobiernos deben responder con medidas que apoyen una transformación fluida de los puestos de trabajo, que sean socialmente aceptables y que contribuyan al crecimiento de la productividad, incluida la inversion en el capital humano de la fuerza de trabajo. La transformación acelerada de los puestos de trabajo exige un nuevo planteamiento de la normativa laboral y las políticas de protección social. Los países de América Latina y el Caribe desarrollaron una arquitectura institucional orientada a los trabajadores asalariados del sector formal, que rápidamente se está volviendo anticuada. El informe, por ende, refiere a una agenda política que se ocupe de la regulación flexible de las formas emergentes de trabajo de manera que incentive el empleo y apoye la formalización, ampliando así la cobertura de la protección social a segmentos más amplios de la población.